Saldo definitivo del asalto a la valla de Melilla: 27 inmigrantes muertos y 64 desaparecidos

Mientras las autoridades marroquíes mandaban a prisión a 33 de los inmigrantes detenidos tras el asalto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, la Asociación marroquí de Derechos Humanos (AMDH) presentaba un detallado informe de 21 páginas que recogía como principal novedad que se eleva al número definitivo de desaparecidos a 64 inmigrantes tras el intento de asalto a Melilla y a 27 los muertos junto a la frontera española.

AMDH explicó este miércoles en la ciudad marroquí de Nador que la cifra de desaparecidos se obtuvo recogiendo testimonios e información directamente de las familias de los desaparecidos, principalmente sudaneses: “Seguimos recibiendo mensajes, con fotos de identidad de personas posiblemente desaparecidas que comprobamos y publicamos en nuestras redes sociales”, aclaran desde la AMDH Nador, que intentaron acceder al depósito de cadáveres en esta ciudad con fotografías de desaparecidos para tratar de identificar a algunos, pero les fue negado el acceso.

Desde esta ONG explican los factores previos al intento de saltar la valla, como «el desvío de la ruta migratoria hacia Canarias tras el endurecimiento de los controles en las fronteras norte y la propagación de la epidemia de coronavirus. Los dos años anteriores, 2021 y 2020, fueron testigos de un claro descenso en el número de campañas ofensivas de las autoridades públicas marroquíes sobre los campamentos de migrantes en los bosques, donde solo se registraron 37 casos en 2021 frente a los 340 de 2018, por ejemplo. Este descenso continuó durante los primeros tres meses de 2022, cuando la filial de Nador no registró ningún ataque a sus campamentos. En el mismo periodo, los intentos de cruzar la valla en Melilla han experimentado una clara escalada de unos 1050 intentos en 2021, frente a solo 120 en 2019, que es la cifra más alta registrada desde 2014».

Desde la AMDH Nador también explican el cambio de postura del Gobierno marroquí tras el reconocimiento de Pedro Sánchez de los derechos de Marruecos sobre la región del Sahara, ya que la situación «cambió radicalmente a finales de marzo de 2022, con el comienzo de la normalización de las relaciones entre los dos países. Por lo tanto, los ataques a los campamentos de migrantes se intensificaron y los intentos de cruzar la cerca disminuyeron en abril y mayo hasta el 24 de junio. 31 campañas de ataque y persecución de migrantes en el bosque por parte de las autoridades marroquíes durante un periodo de tan solo 84 días, lo que constituye el total de ataques registrados en el conjunto del año 2021, mientras que no se registró ningún intento de cruzar la valla».

El informe destaca que a principios de junio, alrededor de 1.500 migrantes se reunieron en los campamentos de Al-Khamis Al-Qadim y Bakoya. Las autoridades marroquíes usaron entonces drones para averiguar el número y los movimientos de los inmigrantes. Durante 18 días estuvieron vigilados y las primeras detenciones se produjeron entre los días 7 a 15 de abril, el 23 de mayo, entre el 17 y 20 de junio y el 23 de junio, cuando se observó un intento de vaciar masivamente los campamentos de inmigrantes que se encontraban en Bekoya y los bosques de Old Khamis.

A partir del 23 de mayo los inmigrantes comenzaron a oponer resistencia activa mediante el uso de piedras, «mientras que los marroquíes utilizaron gases lacrimógenos, lo que provocó la caída de heridos por ambos bandos y la detención de numerosos solicitantes de asilo que aún son perseguidos ante la Justicia», explican desde la ONG. Luego, las autoridades marroquíes pidieron a los comerciantes de la zona, a mediados de mayo, que no les vendieran alimentos y se cortó el agua corriente de la zona, según la AMDH Nador.

Sudán y Chad

El documento relata que «la mayoría de los participantes en este intento provienen de regiones que conocen conflictos y guerras de Sudán, Sudán del Sur y Chad y tienen derecho, según el derecho internacional humanitario y la Convención de Ginebra sobre los Derechos de los Refugiados, a beneficiarse de la protección internacional, pero para presentar una solicitud de asilo y beneficio, primero deben saltar peligrosas barreras espinosas (…). Son solicitantes de asilo que han estado en Marruecos durante meses o años».

Aquella madrugada del 24 de junio los 1.500 sudaneses y chadianos caminaron desde la cima del monte Koroko cerca de la frontera hasta la valla de Melilla durante hora y media. «¿Por qué no intentaron detenerlos entonces?», se pregunta la ONG. A las cuatro de la tarde del 24 de junio llegaron 9 autobuses para trasladar a unos 500 inmigrantes, incluidos los heridos, a diferentes zonas como Bani Mellal, Qal’at Sraghna, Chichaoua, algunos a 900 kilómetros de la frontera con España.

Procesados

Del total de inmigrantes detenidos el 24 de junio de 2022 tras el asalto a Melilla, 65 fueron procesados ​​en dos grupos. El primer grupo está formado por 36 personas que fueron procesadas ante el Juzgado de Primera Instancia el pasado 27 de junio por el Fiscal, acusadas de «injurias y prácticas de violencia contra los funcionarios de la autoridad y la fuerza pública durante el ejercicio de su trabajo y desobediencia, difamación de los bienes públicos y atentado contra la seguridad pública de las personas y los bienes, tenencia de arma blanca golpeando e hiriendo con el uso de cuchillos, facilitando y organizando la salida clandestina de personas extranjeras del territorio nacional y el secreto entrada y salida del territorio nacional», según ha comunicado la ADHM.

El segundo grupo estaba formado por 29 inmigrantes, que fueron acusados de «formación de banda criminal, secuestro y detención, incendio deliberado, amenaza de muerte, portación de armas susceptibles de causar daño, insultos a funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones amenazantes, abusos e incitaciones en su contra, desobediencia, convenio colectivo para facilitar y organizar la salida de inmigrantes del territorio nacional, residencia ilegal en el territorio nacional, sabotaje deliberado y dañando equipos y propiedades estatales, perturbando el orden público y amenazando la seguridad interna», añade la ONG, que reclama una investigación internacional de la Unión Europea (UE), España y Marruecos que arroje luz sobre todo lo ocurrido.